IMPACTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN LA SEGURIDAD NACIONAL: CASO REPUBLICA DOMINICANA

Las  violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la Primera y Segunda Guerra Mundial determinaron que la comunidad internacional tomara conciencia sobre la necesidad de establecer otros mecanismos para prevenir y sancionar la perpetración de crímenes internacionales. Desde esos momentos ha existido una directriz irreversible hacia el fortalecimiento de la justicia internacional.

          Los grandes desafíos del Derecho Internacional consisten en implementar formas eficientes para lograr el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. Sin embargo, éstas no han sido capaces de evitar las guerras y las grandes violaciones a los Derechos Humanos. Para ello, la comunidad internacional ha adoptado diversos instrumentos jurídicos internacionales, entre los que podemos mencionar la Carta de la Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convención para la Sanción y Prevención del Crimen de Genocidio, los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, entre otros, lo que evidencia claros ejemplos de voluntad política por proteger los derechos humanos y reconocer la ilegalidad criminal de estas acciones. Pero es muy poco lo que se ha realizado para el efectivo cumplimiento de esas disposiciones.

            No obstante, a la adopción de los instrumentos jurídicos internacionales anteriormente indicados, la paz mundial fue estremecida en la década de los 90, con los casos de genocidios y violaciones masivas a los derechos humanos perpetrados en Yugoslavia, Ruanda, Somalia y Sudán, entre otros, los cuales fueron determinante sobre la necesidad de contar con un tribunal penal internacional capaz de investigar y juzgar a individuos responsables de cometer actos violatorios a los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.

          La violación de estos derechos no es un fenómeno reciente en Latinoamérica pero los niveles alcanzados a partir de la década del 60 por   las dictaduras militares, no tiene equivalente en su historia si se exceptúa el proceso de conquista y colonización.

          Los problemas sociales como la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, los bajos niveles de salud, el hambre y la mortalidad infantil han estado presentes durante todo el siglo XX, alcanzando niveles sin precedentes bajo los gobiernos dictatoriales de las últimas décadas.  Estas dictaduras y los grupos de poder económicos que la impulsaron llevaron adelante la transformación de las economías en Latinoamérica apelando a la represión y a la violencia sobre la población. La Republica Dominicana no ha sido una excepción.

          En 1937 durante la dictadura del General Rafael Leonidas Trujillo, quien asumió el poder poco después de la ocupación norteamericana,  ejerció un brutal abuso de poder ordenando al Ejército que masacrara a todos los haitianos hallados fuera de las plantaciones de azúcar. Estimaciones conservadoras reconocen que fueron asesinados miles de ellos.

            En este contexto, surge el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para llenar un vacío en el complejo esquema del Derecho Internacional, al establecer un tribunal penal internacional autónomo y de carácter permanente con el objetivo de juzgar crímenes internacionales. En este sentido, el 17 de julio de 1998 es una fecha histórica hacia la consolidación de la justicia internacional, al adoptarse el Estatuto de Roma de la CPI con el objetivo de enjuiciar y sancionar  a los responsables de grandes violaciones a los derechos humanos y combatir la impunidad.

          Este valioso instrumento jurídico, codifica por primera vez en la historia del derecho, la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes más graves que hasta la actualidad se han cometido; establece el derecho de las víctimas a su protección y participación en algunas etapas del proceso; reconoce su derecho a la restitución, compensación y rehabilitación; y lo más importante, crea un nuevo paradigma de justicia dentro del derecho internacional, que para muchos países simboliza la construcción de la paz y el fortalecimiento de la seguridad, más allá de la sanción.

           La adopción del Estatuto de Roma es un aporte significativo a la labor del mantenimiento de la paz y seguridad internacional. La República Dominicana, como Estado parte del Estatuto de Roma, no está exenta en cuanto a la aplicación de las medidas pertinentes para la adopción de normas específicas, como la investigación y sanción de los crímenes cometidos que estén tipificados en el Estatuto de Roma.